AC4423-2017

Radicación n° 11001-02-03-000-2017-01073-00


Bogotá D. C., trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017).



Decídese el recurso de queja interpuesto por la parte demandante frente al auto de 22 de marzo de 2017, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, mediante el cual se denegó el recurso extraordinario de casación formulado contra la sentencia de 1º de marzo del mismo año, en el proceso ordinario de Humberto Portilla Montenegro contra Lorena Cecilia Portilla Sosa y Central de Inversiones S.A., trámite al que se citó como «litisconsorte necesario» de la parte demandada a Carlos Alberto Jaramillo Calero (ex esposo de Lorena Cecilia Portilla Sosa).


ANTECEDENTES


1.        El demandante solicitó se declarara «relativamente simulado el contrato de compraventa que consta en la escritura pública No. 3359 del 28 de junio de 2002 de la Notaría 18 de Bogotá, celebrado entre el Banco Central Hipotecario y Lorena Cecilia Portilla Sosa», mediante el cual la entidad bancaria vendió a Portilla Sosa el apartamento 301 (matrícula inmobiliaria 50C-622730) y el garaje 8 (folio inmobiliario 50C-622711) del Edificio Panorámico Torre Oriental, ubicado en la diagonal 91 No. 4-20 de esta ciudad; que, en consecuencia, se reconociera que «el verdadero comprador de los inmuebles objeto del contrato» era el demandante y no la demandada Portilla Sosa.


En el sustento fáctico expuso, en síntesis, que la prenotada escritura pública (3359 del 28 de junio de 2002) fue otorgada «por voluntad del demandante, a favor de su hija Lorena Cecilia Portilla Sosa  (…), quien no había tomado parte en las negociaciones del inmueble y no pagó el precio acordado, sino que lisa y llanamente prestó su nombre, a sabiendas que el verdadero adquiriente (…) del apartamento era el demandante»; y que, en la actualidad, la demandada Lorena Cecilia Portilla Sosa «afronta un proceso de divorcio y dentro de ese juicio, su cónyuge denunció los mencionados inmuebles como pertenecientes a la sociedad conyugal…»


2.        Cumplida la primera instancia, el Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogotá denegó las pretensiones de la demanda, en fallo que, por recurso de apelación de los actores, fue confirmado por el Tribunal de Bogotá, mediante sentencia de 1° de marzo de 2017, en la que reiteró la negativa dictada por el a quo.


3. Formulado el recurso de casación por la parte actora, fue denegado por el tribunal en el auto aquí  controvertido, por no darse el requisito del interés para recurrir, debido a que:


… de los elementos de juicio que se recaudaron en las etapas probatorias de este litigio, el único que alude al precio comercial de los inmuebles sobre los que versa la demanda (…) que formuló Humberto Portilla Montenegro, es el contrato de compraventa que se denunció como simulado, documento público según el cual el valor de dichos predios (…), apenas alcanzaba la suma de $236’450.000 (…), es decir, mucho menos de los 1000 SMMLV que prevé el artículo 388 del C. G. del P. como cota mínima para la concesión del recurso extraordinario en estudio (equivalentes a la suma de $737’717.000).


Seguidamente, destacó que:


… a efectos de estimar el interés para recurrir en casación del demandante, no es factible apoyarse, únicamente, en el certificado catastral que aquel allegó al formular el recurso extraordinario, pues de conformidad con el artículo 339 de C. G. del P., la única prueba que en esa oportunidad puede aportar el interesado con mira a viabilizar la concesión de su impugnación, es un “dictamen pericial”.


4.        La parte demandada presentó reposición y en subsidio recurrió en queja (folios 25 a 27, copias del cuaderno del Tribunal), que fundó, en resumen, en que el precio fijado en la compraventa atacada, en el año 2002, debía «ser traído a valor presente», pues ello corresponde al «valor actual de la resolución desfavorable al recurrente», en los términos del artículo 338 (inciso 1º) del Código General del Proceso.


Adicionó que «si para realizar la enajenación forzosa de un bien raíz [en los términos del artículo 444 (numeral 4º) del Código General del Proceso] el legislador habilita que su valor sea determinado con base en su avalúo catastral, con mayor razón el mismo criterio debe ser tenido en cuenta para conceder un recurso interpuesto en un proceso en el que se litiga sobre el derecho real de dominio», por lo que reclamó que se tuviera en cuenta el certificado catastral que aportó al interponer este medio de impugnación, según el cual, para la vigencia 2017, el avalúo de los predios materia del acto jurídico cuestionado, asciende a $1.034’202.000, monto que «excede la cota señalada en el art. 338 del CGP».


Finalmente, destacó que el «dictamen pericial no resulta prueba obligatoria o exclusiva».


5.        El juzgador de segunda instancia mantuvo la decisión negativa de casación, por estimar que el artículo 339 del Código General del Proceso establece que el magistrado del Tribunal debe resolver sobre la concesión del recurso de casación «con base en los elementos de juicio que ya obren en la foliatura (los cuales, en este caso, son insuficientes para ese propósito…)», aunque también faculta al recurrente en casación para aportar un dictamen pericial «que es la única probanza que el citado artículo 339 habilita aportar al interesado al momento de formular su recurso de casación».


Con base en lo anterior, destacó que el certificado catastral adosado por el demandante al formular el aludido recurso, «no forma parte de los “elementos de juicio” oportunamente recaudados en el decurso de esta actuación», por lo que no era posible determinar la cuantía del interés para recurrir con fundamento en dicho instrumento.


Por ese motivo denegó la reposición y ordenó la expedición para que se surtiera el recurso de queja.


6.        En escrito posterior el litisconsorte Carlos Alberto Jaramillo Calero, solicitó «confirmar el auto del (…) 22 de marzo de 2017» (folios 3 y 4, cuaderno de la Corte).


CONSIDERACIONES


1.        De entrada ha de advertirse que el magistrado del tribunal de segundo grado denegó el recurso de casación, por faltar el requisito del monto del interés económico para esos efectos, y lo hizo como manda el artículo 339 del Código General del Proceso, con los elementos de convicción presentes en la actuación en ese momento, desde luego que no puede aceptarse la revocatoria de tal decisión con fundamento en una «certificación catastral» arrimada al proceso al momento de interponer el remedio extraordinario.


2.        Sobre el tema, es necesario atender que el nuevo estatuto procesal cambió el método para determinar el justiprecio del interés para acudir al citado medio de impugnación, comoquiera que desechó las reglas de un dictamen cuando no estuviese determinado, que antes consagraba el artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, y en su lugar fijó unas reglas más expeditas y simples tendientes a una determinación pronta, al establecer que cuando para la procedencia del medio de impugnación «sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión»1 (negrillas ajenas al texto).


Así, sin hesitación, no hay lugar a tramitaciones adicionales como en el anterior código, pues simplemente debe establecerse el quantum del interés para recurrir «con los elementos de juicio que obren en el expediente», esto es, con los medios que estén presentes en el momento de decidir, sin perjuicio de que el recurrente, si lo estima necesario, pueda aportar un dictamen; pero por supuesto que esta facultad del interesado debe ejercerse con diligencia al interponer el recurso, que no después, cuando ya se le hubiese denegado, precisamente porque la norma prevé que el magistrado del tribunal respectivo, bien sea con los factores de persuasión presentes en el legajo, o ya con el dictamen que allegue el recurrente, tiene que decidir «de plano sobre la concesión».


En este orden de ideas, encuentra la Corte que, como lo concluyó el Tribunal, el único medio de convicción que puede aportar el recurrente, con posterioridad al proferimiento del fallo que pretenda censurar, es un dictamen pericial, connotación que, ciertamente, no ostenta la «certificación catastral» que aportó el quejoso, pues se trata de un elemento de juicio distinto al que de manera particular contempló la ley para ese caso específico, como es la cuantificación del interés para recurrir en casación, que no es una tasación cualquiera, sino una determinación jurídica sobre el monto en términos económicos del desmedro alegado por el quejoso frente a la sentencia cuestionada.


Por eso mismo, deben descartarse aplicaciones de normas propias de otro tipo de actuaciones, como las del avalúo de bienes en procesos ejecutivos, que pretende invocar el censor, en la medida en que se refieren a situaciones totalmente distintas.


Además, bien se sabe que la aplicación analógica tiene lugar cuando no hay norma que regule el caso concreto, carencia que no se advierte en este asunto, comoquiera que el legislador estableció, con claridad, el procedimiento a seguir para determinar el prenotado interés para recurrir en casación.


De esa manera, el allegarse por el interesado un medio de convicción distinto al previsto en el artículo citado, hizo bien el funcionario de segundo grado en no tenerlo en cuenta para efectos de determinar el prenotado interés para recurrir.


3.        Desestimado el referido argumento, revisadas las copias remitidas a esta instancia, encuentra esta Corporación que, ciertamente, el único medio de prueba que da cuenta del valor de los inmuebles objeto de la venta que se acusa de simulada, es el precio consignado en la escritura pública 3359 del 28 de junio de 2002, en cuantía de $236’450.000.


Sin embargo, asiste razón al impugnante en que tal suma correspondía al precio fijado en el año 2002, por lo que no puede considerarse que constituya «el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente» (negrillas por la Corte), circunstancia que impone la actualización de dicho monto, con la finalidad de despachar esa otra inconformidad.


Para esos efectos, esta Corporación aplicará la fórmula según la cual el valor histórico, multiplicado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) actual; y el resultado de ésta operación dividido por el IPC histórico, arroja que el valor de esa suma de dinero para la época actual, específicamente, para el 1° de marzo de 2017, data en la cual se profirió la sentencia de segunda instancia.


Entonces, destáquese que el precio fijado en la compraventa atacada ascendía a $236’450.000 para el 28 de junio de 2002, que el valor del IPC para dicha data equivalía a 69,9282 y que el IPC para el mes de marzo de 2017, correspondía a 136,7554.


Por tanto, dando aplicación a la anotada fórmula, se concluye que «el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente», asciende a la suma de $462’414.509,9 ($236’450.000 x 136,7554/ 69,9282), monto que no supera, en manera alguna, el límite de mil salarios mínimos legales mensuales ($737’717.000) establecido en el artículo 3382 del Código General del Proceso.


4.        En consecuencia, hay lugar a declarar bien denegado el recurso de casación y condenar en costas al recurrente, a términos del artículo 365 (numeral 1°) del Código General del Proceso.


DECISIÓN


Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resuelve:


Primero:        Declarar bien denegado el recurso de casación interpuesto dentro de este proceso.


Segundo:        Condenar en costas del recurso de queja a la parte recurrente. Se fijan como agencias en derecho ochocientos mil pesos ($800.000). La liquidación se hará conforme al art. 366 del CGP.


Tercero: En oportunidad devuélvase la actuación al despacho de origen.


Notifíquese.



AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado


1 Artículo 339, Código General del Proceso.

2 Dispone tal norma que «[c]uando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv)».